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Testimonio

Por estos días, hace 25 años la junta militar dirigida por Augusto Pinochet alertaba a la opinión pública a través de la prensa, de una presunta «Pascua Negra» que supuestamente intentarían los comunistas. En el aún primaveral día jueves 20 de diciembre de 1973, alrededor de las 16:30 horas, sentí unos golpes a la puerta de mi casa, que por su entonación estrepitosa me parecieron desconocidos y amenazadores.

Mi hermano acababa de llegar de su trabajo en el cual laboraba como obrero textil y se encontraba en nuestro dormitorio común, estirado en cama para iniciar su corta siesta habitual. Yo salí a abrir la puerta y me encontré con tres tipos de aspecto frío, uno de ellos me preguntó con voz seca: - "¡¿Vive aquí Pedro Rojas?!"

Antes de responder, pasaron, en fracciones de segundos, por mi adolescente mente de dieciseis años, una infinidad de reflexiones urgentes. Sabía que mi hermano había sido miembro de una organización juvenil partidaria del recientemente derrocado Gobierno y de que en nuestro barrio habían sido detenidos ya muchos de sus compañeros. Es por eso que tuve una lucha interior por decidirme a dar respuesta afirmativa a la pregunta hecha por el agente...

- "Si" La afirmación fue resultado de mis cálculos, de que si lo negaba irrumpirían en casa, encontrándolo de todas maneras, trayendo esto consecuencias quizás aún mas negativas para él, de las que pudieran ser previstas. Al fin y al cabo consideraba que Pedro no había cometido ningún delito, de que no había motivo para mentir. Desde hace veinticinco años vivo con una especie de remordimiento por haberlo hecho. Especulando que, de haberlo negado, quizás le hubiese dado una pequeña posibilidad de sobrevivir a mi hermano.

Cuando me dirigía en su búsqueda me topé con él en el pasillo, encontrándose Pedro ya en camino al haber escuchado su nombre. En el acto fue arrestado y transportado, con rumbo desconocido, en un camión frigorífico sin número de patente. Fue la última vez que vi con vida a mi hermano.

Esa misma tarde, así como también el posterior día viernes, mi hermana Cecilia se movilizó a través del Sacerdote Guido de la parroquia San Cayetano para averiguar el lugar donde se habían llevado detenido a Pedro y tramitar su puesta en libertad. Cuando en la mañana del día sábado 22 de diciembre me encontraba camino a la panadería, me detuve al escuchar por la radio a través de las ventanas abiertas de los vecinos, el nombre y datos personales de mi hermano, que transmitía en ese momento un bando militar por cadena de emisoras. La razón no daba crédito a mis oídos...

Se "informaba" que cinco individuos (entre ellos Pedro Rojas Castro, 21 años, mi hermano). "Habían sido sorprendidos en la noche anterior por una patrulla del ejército, efectuando acciones sospechosas bajo torres de alta tensión eléctrica ubicadas en Cerro Navia. Cuando la patrulla militar los detectó, les recomendó que se entregaran, estos contestaron con fuego y las FF.AA. se vieron obligadas a reprimirlos, dando como resultado la muerte de los cinco extremistas, estos portaban numerosas cargas de dinamita y armas soviéticas; en los bolsillos de uno de los terroristas se encontró un manuscrito denominado 'Plan Leopardo', donde se detalla un sistema operativo de acción subversiva."

Nuestra familia se dirigió a los sacerdotes, con quienes se había tratado el caso de iniciar el trámite para pedir el paradero y la liberación de Pedro. La Secretaría Arzobispal tenía también conocimiento de la detención de Alejandro Gómez Vega, 22 años, otro de los jóvenes involucrados en el supuesto «Plan Leopardo»; este muchacho tenía estrechos vínculos con la Iglesia Católica. El Arzobispado recibió la noticia con estupefacción y nos ayudó a retirar los restos mortales de los jóvenes desde la morgue de Santiago, a través del sacerdote Luis Díaz, quien fue testigo del estado de los cuerpos, los cuales también vi personalmente y paso a relatar a continuación, junto a detalles de las detenciones de los otros cuatro jóvenes, de las cuales tengo conocimiento a través de familiares y amigos de ellos.

Estado de los cadáveres: las manos hinchadas no poseían uñas y mostraban surcos y erosión circular en las muñecas y tobillos, orificios de quemaduras en la piel, aberturas de carnes. Pedro y Carlos Cuevas Moya, 21 años, tenían la cabeza hundida. De Luis Canales Vivanco, 27 años, resaltaba el estado de su rostro y cabeza, que representaban una masa casi irreconocible de ser humano. Los certificados de defunción entregados por el funcionario del instituto médico legal, señalaban como causa de muerte "herida de bala múltiple" y tras inspeccionar los cuerpos de Pedro, Carlos y Luis Canales no pudimos constatar muestras de herida de bala alguna. Mientras que el cadáver de Alejandro, tenía los ojos reventados y por lo menos diez orificios de bala en el pecho, en cual se distinguía un circulo pintado en su propia piel. Por otra parte el cadáver de Luis Orellana Pérez, 25 años, presentaba un orificio evidentemente de bala que atravesaba desde la sien con salida en la mandíbula inferior.

Detalles de las detenciones: de la aprehensión de Pedro también fueron testigos, aparte de mí, algunos vecinos que se percataron del hecho. A Luis Orellana lo detuvieron el miércoles 19 de Diciembre, junto a su novia, encontrándose en casa de una tía de ella como medida de precaución debido a que tenían conocimiento de que la policía civil la buscaba. La detención de ambos se lleva a cabo cuando los agentes llegan al sitio portando como rehén a una hermana de la novia, quien mostró finalmente el lugar donde se encontraban los perseguidos, después de presenciar cómo castigaban a los niños de la casa y ante la amenaza de matar a su madre. Ambos fueron secuestrados en un camión frigorífico sin número de patente. La novia de Luis fue arrojada en un camino rural el jueves 20 de diciembre, después de haber sido maltratada horriblemente. Esa misma noche llega a nuestra casa su hermano menor avisando que "mi hermano Pedro debía refugiarse, puesto que su hermana había escuchado su nombre en boca de sus aprehensores". Lamentablemente, ya era tarde; mi hermano acababa de ser arrestado hacía algunas horas. Alejandro fue detenido, según testigos, el martes 18 de diciembre en la vía publica, por un grupo de civiles que lo amenazó con armas. Carlos fue detenido el jueves 20 de diciembre en casa de su madre bajo la presencia de ella y otros testigos. El jueves 20 de diciembre, al percatarse Luis Canales de su arresto, intentó este huir de su domicilio a través de una casa vecina, pero fue finalmente atrapado y transportado en un camión frigorífico sin número de patente y con rumbo desconocido, bajo presencia de testigos.

Quedando en evidencia marcada de que los cinco jóvenes fueron víctimas de una grave violación a los derechos humanos, siendo estos detenidos, torturados y ejecutados, y que se les intentaba adjudicar la participación en un inventado «Plan Leopardo», como pretexto para exterminarlos debido a sus ideales políticos, el Arzobispado de Santiago, a través del Arzobispo Fernando Aristía y a nombre del Cardenal Raúl Silva Enríquez, envió una carta al Gobierno reclamando que se tenía constancia de que los jóvenes habían estado en manos de Agentes del Estado y de que se tenía también testimonio propio de que los cadáveres mostraban muestras eminentes de tortura, e incluso, algunos de ellos, no presentaban huellas de heridas de bala, contradiciendo esto la versión oficial, la cual afirmaba que habían sido abatidos en un enfrentamiento armado.

Cabe destacar que el entonces ministerio del interior contestó la carta del Arzobispado argumentando que "los extremistas" realmente habían estado bajo arresto, pero que éstos habían sido puestos en libertad algunos días antes del llamado «Plan Leopardo». Lo que de ninguna puede ser, pues los cinco jóvenes fueron arrestados directamente poco antes de la presunta acción. ¡Tres de ellos, sólo un día antes! Aparte de esto se negó la petición hecha por los católicos, de que se efectuara una autopsia, con el pretexto de que "no se debería desconfiar de la palabra de las respetadas Fuerzas Armadas." Aludiendo a la preocupación expresada por el Arzobispado sobre la represión de que estaban siendo víctimas los familiares de los cinco jóvenes muertos, el gobierno aseguró que serían respetados. Lo que no se cumplió de manera alguna, puesto que, posteriormente, varios de estos fueron aprehendidos; entre ellos, nuevamente, la novia de Luis Orellana, la cual estuvo años encarcelada y sólo tras intensas actividades de organizaciones de derechos humanos pudo abandonar la cárcel a cambio del exilio.

Mi hermana y yo nos salvamos de correr la misma suerte debido a que nos refugiamos alternativamente en casa de compañeros, evadiendo así la persecución de los agentes, que allanaron nuestra casa en repetidas ocasiones y que golpearon a nuestra madre, la que se encontraba recientemente operada de la columna y por lo que quedó, hasta el día de hoy, en estado de invalidez. Nuestros padres fueron amenazados, de que si no nos entregábamos se los llevarían detenidos a ellos mismos, no im portando el estado de salud de mi madre. Fue en esa dramática situación cuando pudimos abandonar el país, gracias a la Vicaría de la Solidaridad.

Después de largos años de exilio y una vez que mis padres regresaran a Chile, el Señor Belisario Velasco Baraona Subsecretario del Interior del nuevo gobierno democrático entregó a mi madre, en silla de ruedas, un trozo de la cinta con la que se inauguró solemnemente la lápida recordatoria en honor a los ejecutados y desaparecidos por el régimen asesino de Pinochet. Las lágrimas derramadas en esa ocasión no sólo fueron de emoción y agradecimiento a tal reconocimiento, sino también de impotencia frente a la injusticia, frente a quienes observaban con una mueca burlona desde sus cuarteles, amparados en una Ley de Amnistía que los hacía impunes, y que habían impuesto como condición al nuevo Gobierno.

No obstante, ha llegado a mis manos hace algunos días, un recorte del diario „La Estrella", con un reportaje sobre el ex agente de seguridad Fernando Palma González, el cual según la información, se entrega ante la jueza subrogante del Sexto Juzgado del Crimen, María Soledad Espina. En la entrevista hecha por este periódico, el ex agente declara haber participado en las detenciones de los muchachos anteriormente mencionados, y reconoce la falcedad del denominado «Plan Leopardo», confesando haber sido él quien escribió los manuscritos, que supuestamente fueron encontrados posteriormente en los bolsillos de los jóvenes muertos. Sin embargo Palma se excluye a si mismo de haber matado a los jóvenes involucrados.